Mineria expande nuevos proyectos para asumir retos integrales en Dominicana
El director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, Martín Valerio, aseguró que el país atraviesa un momento clave para el desarrollo de la minería, con proyectos en expansión, identificación de nuevos recursos y la necesidad urgente de fortalecer la confianza social y el marco legal del sector.
Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, transmitido por Color Visión, Valerio explicó que actualmente existen iniciativas importantes en San Juan de la Maguana, Pedernales y Dajabón, así como avances en la evaluación de tierras raras, lo que posiciona a la República Dominicana con un alto potencial en el ámbito minero.
Indicó que el proyecto de San Juan de la Maguana ha alcanzado una fase determinante tras recibir los términos de referencia para su estudio de impacto ambiental, paso clave para definir su viabilidad. Explicó que la minería genera impacto económico y social desde sus primeras etapas, especialmente en la creación de empleos y el dinamismo de las comunidades, incluso antes de iniciar la explotación formal. “A medida que la minería va avanzando por etapas, es cuando tú empiezas a ver el nivel de inversión, sobre todo social”, expresó.
En cuanto a las tierras raras en Pedernales, señaló que el Estado dominicano ha desarrollado un proceso acelerado y organizado para cuantificar estos recursos, diferenciando entre su existencia como recurso y su viabilidad como reserva explotable. Subrayó que este proceso incluye exploración, estudios técnicos y evaluación ambiental, conforme a los estándares requeridos.
Al referirse a la percepción negativa que aún existe en algunos sectores, Valerio reconoció que las preocupaciones de las comunidades son legítimas, debido a experiencias pasadas. Sin embargo, afirmó que la minería moderna ha evolucionado y ahora prioriza el diálogo y la transparencia. En ese sentido, destacó que la clave está en construir confianza desde el inicio: “La licencia social no se genera con el resultado, se genera en el proceso”, puntualizó.
Sobre la expansión minera en otras regiones, indicó que en Dajabón existen yacimientos con potencial, particularmente en la zona de Los Candelones, donde ya se ha identificado mérito suficiente para avanzar hacia estudios de impacto ambiental. No obstante, advirtió que estos procesos enfrentan retrasos administrativos, lo que podría estar relacionado con el temor a generar conflictos sociales, a pesar de que actualmente no se registran protestas activas en esas áreas.
Valerio también enfatizó la importancia de garantizar que los beneficios de la minería lleguen de manera efectiva a las comunidades. Señaló que el país debe adoptar mecanismos claros para la distribución de los recursos generados, tomando como referencia modelos internacionales como el de Chile, donde la ley establece de forma específica el destino de los fondos.
Asimismo, comparó el impacto de la minería en distintas provincias del país, indicando que zonas con actividad minera presentan mejores indicadores de desarrollo humano que aquellas con potencial geológico similar pero sin explotación activa, como San Juan, Pedernales y Dajabón. A su juicio, esto evidencia que la minería, bien gestionada, puede ser una herramienta clave para reducir la pobreza y dinamizar economías locales.
En cuanto al marco legal, sostuvo que es imprescindible actualizar la ley minera vigente, que tiene más de cinco décadas, para adaptarla a las exigencias actuales en materia ambiental, transparencia y desarrollo sostenible. Informó que ya existen avances dentro del plan Meta 2036, donde el sector minero participa activamente en la discusión de una nueva normativa que podría ser introducida en el Congreso próximamente.
Finalmente, reveló que además de los recursos minerales, el país cuenta con indicios de petróleo en zonas del Cibao profundo, como Santiago Rodríguez, donde el Estado ha promovido procesos de licitación para incentivar la exploración. No obstante, advirtió que el aprovechamiento de estos recursos dependerá de la capacidad del país para superar barreras sociales, legales y administrativas que históricamente han limitado su desarrollo.
